Poggi, un caso de diván: miedo y ansiedad

Es un caso para el diván. De un paciente abrumado por la ansiedad y a la vez desesperado por el miedo. Una pavura que lo hace imaginar cosas inexistentes, apocalípticas, como la desaparición mágica de los recursos económicos de una provincia o la extraña evaporación de millones de dólares estatales hasta ver la bóveda del banco vacía. No es una serie de Netflix. Es lo que siente e imagina Claudio Poggi, el gobernador electo de San Luis. Son las secuencias que elucubra su mente. Por eso junto a su vice electo, Ricardo Endeiza, solicitaron la medida cautelar a la jueza Laboral N° 2, María Eugenia Bona, en busca de frenar cualquier decisión que tomase el actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en pleno ejercicio de su mandato

No a la suba de sueldos o planes. El revelador pedido opositor.

Lo revelador, dentro del texto completo de la acción de amparo, radica en que no solo exigieron parar toda la obra pública (hasta las financiadas por Nación), sino también “abstenerse de autorizar, realizar o aprobar gastos o adoptar medidas que impliquen, directa o indirectamente, comprometer o condicionar presupuestos futuros, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”, dice el documento. Lo que implicaría, incluso, suspender cualquier incremento salarial a empleados públicos, beneficiarios del Plan de Inclusión y becarios, entre otros aspectos.  

Poggi exigió “abstenerse de autorizar, realizar o aprobar gastos o adoptar medidas que impliquen, directa o indirectamente, comprometer o condicionar presupuestos futuros”.

Bajo la excusa de su miedo extremo a encontrar vacías hasta las oficinas de Terrazas del Portezuelo, Poggi, básicamente le suplicó a Bona que le impida a Rodríguez Saá seguir gobernando. Incluso en el escrito demuestra su enojo por la mejora a las subvenciones que el Estado provincial otorgó a los colegios privados.

La denuncia opositora —bajo la inefable pluma del abogado Endeiza— busca aferrarse a la Constitución Provincial y ofrece como argumentos la crisis económica, el marco inflacionario y considera “gastos” las subas de sueldos a miles de puntanos jaqueados por la misma inflación que él mismo blande párrafos más arriba.

El desinterés por el bienestar de los puntanos por parte de Poggi no se esconde entre líneas, es explícito. Y es que en la medida que pidió, más allá del freno a la obra pública, lo que quiere es prácticamente interrumpir la gobernabilidad de un Gobierno elegido legítimamente por el pueblo.

“El día viernes 15 de septiembre del corriente año, el Poder Ejecutivo anunció aumentos salariales y aumentos de los beneficiarios de planes sociales jamás vistos en la historia de la provincia y del país (…). Posteriormente, el 21 de septiembre del corriente año, el Gobernador suscribió acuerdos con municipios de la provincia por los que obligó al Estado provincial a realizar aportes del Tesoro Provincial por una suma equivalente al cincuenta y cinco por ciento de la coparticipación de dichas jurisdicciones para financiar los aumentos salariales (…). En ese mismo sentido, desde el Poder Ejecutivo se informó sobre la celebración de convenios con todas las escuelas públicas de gestión privada, a fin de que reciban un aporte estatal del noventa por ciento (…). Los hechos denunciados, en el contexto de déficit y liquidación de ahorros, habilitarían por sí solos la intervención de la Justicia para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Luis”, expone Poggi textualmente.

Más allá de estos ejes estructurales, también arremete contra obras de gran envergadura. Todas cuestiones que mejorarían la calidad de vida, de uno u otro modo, de los sanluiseños. “Estas medidas que exteriorizan una irresponsabilidad fiscal nunca antes vista se tratan de actos inconstitucionales, que además ponen en riesgo el pago de salarios de la administración pública y la prestación de servicios esenciales”, remarca más adelante sin ningún fundamento técnico ni jurídico, y amparado en un subjetivismo impropio en los ámbitos judiciales.

El documento de casi 40 hojas rebusca argumentos en un copie y pegue de artículos de la Constitución Provincial, encomendando la efectividad de la cautelar. Pero en los hechos, las fuentes de las que se embebe para aseverar actos ilícitos son tan inexactas como mal interpretadas. San Luis no está ante ningún peligro ni quiebre.